Amnistía Internacional ha enviado hoy una carta al Gobierno señalando su preocupación por la situación que viven desde hace más de 40 días, los 32 presos mapuche que llevan adelante una huelga de hambre en distintas cárceles del sur de Chile.
En la carta, firmada por el Secretario General Salil Shetty y fechada en Londres, se afirma que “es un momento importante de reflexión en el contexto de la situación actual con respecto a los reclamos de los pueblos indígenas en Chile, entre ellos los de algunas personas y grupos Mapuche, y una ocasión que exige al Gobierno tomar acciones de acuerdo a los compromisos de derechos humanos que ha asumido”. La organización no toma partido sobre la legitimidad o necesidad de la medida tomada por estos presos para hacer valer sus reclamos, ya que ésta es una decisión propia de ellos de acuerdo a su libertad de conciencia. El objetivo de Amnistía Internacional, con independencia de toda huelga de hambre, es poner fin a las violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Chile la entrega de información clara sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la atención médica de los presos. En varias ocasiones anteriores, la organización ha denunciado la alimentación forzada a personas en huelga de hambre ocurridas en otros países por constituir, bajos estas condiciones, un delito de tortura, trato inhumano y degradante.
En Chile, las personas indígenas suelen ser doblemente discriminadas por la falta de garantías de un proceso justo en tribunales del fuero militar y la aplicación de la ley antiterrorista. Esta situación ha llamado la atención de varias organizaciones de derechos humanos y Relatores de las Naciones Unidas. Frente a esto, Amnistía Internacional recomienda la modificación de la Ley Antiterrorista a efectos de precisar la definición de los delitos incluidos en dicha ley. La posibilidad de permitir el anonimato de testigos en los juicios, viola directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional considera esencial que en todo proceso jurisdiccional se respete el principio de igualdad de condiciones y medios procesales, incluso cuando se opta por el empleo de los denominados “testigos anónimos” o “sin rostro”. Así también, la organización hace hincapié en que dicha opción sólo se justifica en circunstancias de especial gravedad o riesgo, y que no es razonable su empleo indiscriminado.
Preocupan las denuncias recibidas sobre la derivación de casos de civiles al fuero militar, vinculados a los reclamos en el contexto del conflicto mapuche. Esto constituye una falta grave del Estado chileno, según se establece en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara Iribarne v. Chile en 2005. En la carta se señala la inquietud por el uso excesivo de la fuerza en las protestas de grupos mapuches, así como también durante las investigaciones, procesos de detención y en los traslados de personas imputadas. La organización reconoce el deber del Estado de hacer frente a los actos delictivos y de mantener el orden público, pero enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales. Por último, Amnistía Internacional reitera sus preocupaciones por la situación de pobreza y discriminación en la que viven los pueblos indígenas en Chile hoy en día. Acercándose al bicentenario, es fundamental que el nuevo Gobierno deba comprometerse con los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la OIT y concretar sus pasos hacia un diálogo y participación de los pueblos indígenas, en la sociedad chilena reconociendo su derecho a designar sus propias autoridades y formas de representación, concluye la carta.
SEM APOYA A NUESTROS HERMANOS MAPUCHES
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